De humanos nada tenemos

Las asociaciones protectoras de animales están cansadas. El trabajo rebosa. La gente critica sin saber. La gravedad de las faltas cometidas contra los animales crece. La Ley de Protección a la Fauna del Estado de Yucatán (aprobada en 1999) sólo es conocida por los defensores de animales, pero las autoridades encargadas de ejercer su aplicación, ignoran todo su contenido.

Martes 4 de marzo por la mañana, aproximadamente 10:30, recibo una llamada de Lidia: “¿Qué podemos hacer?, me acaba de hablar por teléfono la maestra María Elena Herrera de la escuela 'Santiago Pacheco' y me suplica por una solución a lo siguiente: en medio de la calle justo enfrente de la escuela se encuentra tirado un caballo que apenas puede moverse y en cuyo cuello está 'encarnada' una cadena.

“Me dice la maestra que llamó a los bomberos, a la policía y que ambos acudieron, pero se negaron a tomar cartas en el asunto, pues no sabían qué hacer. Después de hacerse presente ambos cuerpos de auxilio y seguridad, se apersonaron los supuestos dueños del animal y con palabras agresivas se dirigieron a la mentora reclamando su 'intromisión e ignorancia' en el asunto, pues 'ellos ya habían tenido caballos antes y sabían cómo tratarlos'.

“Ante los llantos de los niños que presenciaban el lamentable suceso, los sujetos lazaron al lastimado caballo con una soga y ante la exigencia de la maestra María Elena le quitaron la cadena que lastimaba su cuello y se lo llevaron. ¿Qué se puede hacer?”, repite Lidia.

Gracias a una llamada al Diario, el reportero acudió a informarse y el miércoles 5 salió publicada la nota. No puede ser más elocuente el subtítulo “Clases de maltrato animal para unos niños de Chuburná”.

Afortunadamente esta profesora actuó como debía y no como la del relato del cronista Jorge H. Álvarez que conminó a sus alumnos a apedrear hasta la muerte a la iguana que infortunadamente se encontraba en el patio de la escuela y fue víctima de los “principios morales” de la sublime mentora.

Es casi seguro que se interponga la denuncia al reglamento municipal correspondiente ante la Secretaría de Ecología Municipal, y digo casi porque las personas que conocen el domicilio al que fue llevado el potro “no quieren meterse en problemas” y se niegan a proporcionar la dirección para realizarla. Pero esta situación estaría resuelta si las autoridades que acudieron al llamado conocieran la Ley y la hubieran aplicado.

El artículo 9 de la citada ley dice: “Las autoridades del Estado y de los municipios difundirán el respeto hacia todas las formas de vida animal por conducto de los medios apropiados y de programas de carácter educativo y de salud pública que para tal efecto implementen en el ámbito de sus respectivas competencias”.

¿Qué tenemos qué hacer los ciudadanos para gozar del beneficio de las leyes? Si los artículos 1, 2, 3, 4, hasta el 78 de la mencionada ley no se cumplen, ¿a quién se acude para reclamar? ¿Quiénes relacionados con el tema están cobrando sueldos escandalosos sin hacer nada? ¿Sabe la ciudadanía común que aquí las asociaciones protectoras no cuentan con el respaldo de ningún gobierno e incluso realizan parte del trabajo que a ellos les corresponde? Dejemos de preguntar airadamente qué hacen las protectoras y sumémonos a su trabajo de manera efectiva o, cuando menos, realizando las denuncias correspondientes de abusos contra toda la fauna. Cualquier ciudadano, por ser simple testigo de este tipo de sucesos, puede hacer la acusación ante las instancias competentes: Profepa, si es animal silvestre (libre o en cautiverio), y para domésticos (perros, gatos, caballos, etcétera), ante la Secretaría de Ecología municipal.

Actuemos todos, pero ¡ya!— Mérida, Yucatán.

servido por Manuel 4 comentarios compártelo