La Eurocámara critica la destrucción masiva que provoca el urbanismo en las islas
El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, ha dado hoy su visto bueno –por 24 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención– al proyecto informe sobre el urbanismo masivo en España, en el que considera que “las islas y las zonas costeras mediterráneas” del país han “sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones”.
Una saturación que ha afectado no sólo “al frágil medio ambiente costero, la mayor parte del cual está nominalmente protegido” en el marco de las directivas sobre Hábitats, Natura 2000 y aves; sino que también ha perjudicado a la “actividad social y cultural de muchas zonas, lo que constituye una pérdida significativa de su identidad y legado culturales, así como de su integridad medioambiental”, señala el texto.
El proyecto de resolución considera que este “modelo de crecimiento perjudica igualmente al sector del turismo” ya que su efectos son “desvastadores” para el “turismo de calidad”, puesto que destruye los aspectos que dan “valor al territorio” y favorece el turismo de “masas”.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, decidió elaborar este informe sobre el urbanismo masivo en España y su impacto en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del derecho comunitario en base a las miles de quejas que ha recibido respecto al incumplimiento de estos aspectos. “Es el mayor caso que hemos tenido” en este comité parlamentario, afirmaba la ponente del texto, la eurodiputada danesa de Los Verdes, Margrete Auken, tras su adopción.
A pesar de que la mayor parte de las peticiones proceden de la Comunidad Valenciana y la costa mediterránea, desde la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, una de las asociaciones que ha canalizado estas denuncias, se aseguraba durante el último debate en Bruselas, que Canarias no se escapa a las quejas por especulación urbanística.
El texto se votará en la sesión del plenaria del próximo mes de marzo, y será el tercer informe de la Eurocámara sobre el urbanismo masivo en España, aunque los anteriores, se dirigían, más particularmente, a la situación de la Comunidad Valenciana.
Los eurodiputados españoles del Partido Socialista (PSOE) y del Grupo Popular (PP), cuyas enmiendas intentaban suavizar el contenido del documento pero que han sido rechazadas en la Comisión, ya han anunciado que presentarán sendas resoluciones alternativas.
CONGELAR LAS AYUDAS EUROPEAS
El proyecto de informe, sugiere interrumpir la provisión de ayudas europeas a España hasta que no se solucione el problema del derecho a la propiedad cuestionado en gran parte de las quejas.
La Comisión de Peticiones, también considera que las autoridades regionales competentes deberían suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos “que no tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente” y que deberían “detener todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario”.
El texto reitera las conclusiones recogidas en las resoluciones anteriores “que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona”.
Los eurodiputados señalan que los procedimientos judiciales incoados “siguen siendo lentos”, y califican de “alarmante” la “falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español”, y subrayan que las personas “que hayan adquirido de buena fe” una propiedad en España declarada ilegal deberían tener derecho a una indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles.
No obstante, el informe aclara que los promotores conscientes de la ilegalidad de los contratos que firmaron, no deben tener derecho a compensación.
Fuente: Canarias 24 Horas
