Casi el 90% de la madera del estado brasileño de Pará tiene origen ilegal
Casi el 90% de la madera explotada en el estado amazónico brasileño de Pará proviene de la actividad ilegal, según un informe del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon) publicado hoy por el diario Folha de Sao Paulo.
"Queda claro que el Estado no tiene el control fiscal suficiente de las operaciones de desforestación y extracción", declaró André Monteiro, uno de los autores del estudio, realizado sobre la base de imágenes de satélite obtenidas entre los años 2007 y 2008.
Según Monteiro, el Estado brasileño carece de capacidad para un efectivo control de las actividades en la vasta región amazónica "y solo trabaja en función de las denuncias" que recibe.
Las imágenes que han sido estudiadas por Imazon indican que el 89% de las áreas del estado de Pará en que han sido detectadas las actividades de extracción de madera corresponden a zonas protegidas por el Estado y, por tanto, son ilegales.
Monteiro indicó que, aún en las zonas en que la actividad de la industria maderera es permitida, también surgieron irregularidades y datos contradictorios en relación a la extracción declarada y la que se observa en las imágenes de satélites.
El Gobierno brasileño le ha dado una especial atención a la deforestación amazónica, causada tanto por la industria maderera como por la agricultura, y ha incluido el asunto entre los objetivos que se propone presentar en la Cumbre del Cambio Climático que se celebrará en diciembre próximo en Copenhague.
Aunque esas metas aún no han sido totalmente definidas, fuentes oficiales han adelantado que una de ellas será reducir las tasas de deforestación en la Amazonía en un 80% para el año 2020.
Brasil es uno de los grandes emisores de gases contaminantes del mundo y el mayor porcentaje de esa liberación de dióxido de carbono obedece precisamente a la progresiva desaparición y quema de selvas.
Según los cálculos del Gobierno, la disminución del ritmo de la deforestación que se baraja para la Amazonía supondría reducir las emisiones del país en unas 580 millones de toneladas de dióxido de carbono por año.
Fuente: EFE
