El fiscal danés persiste en juzgar a los activistas detenidos en la cumbre de Copenhague de 2009
La Justicia danesa sigue adelante en el proceso contra los activistas que se colaron en la cena de gala. La Fiscalía del país escandinavo ha abierto una acusación contra el ex director de Greenpeace España Juantxo López de Uralde y otros activistas de la organización por irrumpir en una cena de gala en la cumbre climática mundial de Copenhague en 2009.
Todos están acusados de allanamiento de morada contra la reina Margarita II, que actuó como anfitriona de la cena celebrada el 17 de diciembre de 2009 en el palacio de Christiansborg y a la que acudieron un centenar de líderes mundiales presentes en la cumbre, que finalizaba al día siguiente.
La acusación afecta a una decena de personas involucradas en la preparación de la acción, cuyos protagonistas vestían de gala rigurosa para poder colarse, y a Greenpeace Nordic como organización. Juan López de Uralde, que dirigió Grenpeace España durante 10 años, dejó la organización en agosto de 2010 para crear Equo, una plataforma electoral verde que va a presentarse a las elecciones generales de 2012.
La legislación danesa castiga normalmente ese delito con multa o cárcel de hasta medio año, aunque el hecho de que el perjuicio lo haya sufrido la Reina puede agravar la pena hasta el doble, explicó Lise-Lotte Nilas, fiscal jefe de Copenhague. Nilas señaló que la acusación estará redactada en unos 14 días y estimó que el caso puede llegar a los tribunales en unos meses, aunque sin precisar cuándo.
López de Uralde y otros tres compañeros de Greenpeace —la noruega Nora Christiansen, el suizo Christian Schmutz y el holandés Joris Thijssen— burlaron la seguridad haciéndose pasar por invitados, y a la entrada del banquete desplegaron una pancarta delante de las cámaras de la televisión pública danesa DR en la que se podía leer 'Los políticos hablan, los líderes actúan'.
Tras su detención inmediata, López de Uralde permaneció en prisión preventiva durante 20 días en Dinamarca. Fue detenido el 17 de diciembre de 2009 y puesto en libertad el 6 de enero de 2010. En ese periodo, sólo pudo comunicarse con su abogado. Cuando salió a la calle tras la prisión preventida, fue puesto en libertad con cargos, al igual que sus compañeros.
A la salida de la cárcel, López de Uralde, que recibió apoyo del Gobierno y de partidos políticos españoles, calificó de "innecesariamente cruel" el trato recibido por parte de las autoridades danesas.
Tras conocer la decisión del fiscal de seguir adelante con el caso, Greenpeace Nordic ha criticado al Ministerio de Justicia danés y señala que la acción no iba dirigida hacia la Reina, sino hacia los líderes mundiales, además de considerar extraño que se recurra a un artículo, el de ofensa al monarca, que es muy anticuado.
La actuación de la Policía danesa durante la cumbre climática fue muy criticada por el hecho de que fueron detenidas casi 2.000 personas, la mayoría de forma preventiva ante hipotéticos disturbios, cuando apenas hubo incidentes violentos. De hecho, en respuesta a una demanda presentada por 250 personas arrestadas durante la cumbre, un tribunal de Copenhague declaró en diciembre de 2010 "ilegales" las detenciones masivas de carácter preventivo y condenó al Estado danés a pagar indemnizaciones de hasta 1.200 euros por persona.
Según ha indicado Greenpeace en una nota de prensa el Ministerio de Justicia danés ha decidido utilizar el agravante de la presencia de la Reina contra los activistas usando una herramienta de la normativa danesa (denominada 'el párrafo de la Reina', 'The Queen's Paragraph') que no se utiliza desde 1935.
"Una vez más, en lugar de perseguir a quienes están creando esta crisis climática sin precedentes, se persigue a las personas que proponen soluciones para combatir el cambio climático y que exigen actuaciones a los políticos ante su pasividad", ha declarado Miren Gutiérrez, directora ejecutiva de Greenpeace España.
Greenpeace añade en su nota: "Greenpeace nunca elude las consecuencias de sus actuaciones pero la organización ecologista entiende que es desproporcional la aplicación de esta ley ante una actuación pacífica cuyo objetivo era exponer la inoperancia de los jefes de Estado para afrontar las graves consecuencias derivadas del cambio climático".
Fuente: EL MUNDO
