La Fiscalía brasileña procesa entidades bancarias por fomentar la deforestación en la Amazonía
La Fiscalía brasileña abrió un proceso contra la primera entidad bancaria del país, el estatal Banco do Brasil, al que acusa de haber autorizado créditos a empresas que cometieron deforestación en la Amazonía y que fomentaron el trabajo esclavo.
El Ministerio Público Federal (procuradoría) del estado amazónico de Pará "inició un proceso contra el Banco do Brasil y el Banco da Amazonia por haber concedido financiación con dinero público a haciendas con irregularidades ambientales y laborales", divulgó la Fiscalía en una nota.
Los fiscales aseguran haber detectado 55 préstamos por casi cinco millones de dólares del Banco do Brasil a "haciendas con irregularidades ambientales y hasta casos de trabajo esclavo". También dieron cuenta de otros 37 préstamos por unos 11 millones de dólares a haciendas "con los mismos problemas" por parte del Banco da Amazonia.
"El descubrimiento de esas financiaciones irregulares demuestra que es un problema generalizado y comprueba estudios (...) que establecen relación directa entre préstamos de dinero público y el crecimiento de la deforestación en la Amazonía", señala la nota del ministerio público.
La justicia tendrá que decidir si acepta las denuncias.
El gobierno brasileño aplica desde 2008 una legislación que prohibe créditos públicos a empresas que inclumplan las leyes ambientales. Con ese tipo de medidas y otras, Brasil logró reducir significativamente en los últimos años el ritmo de deforestación amazónica, que había alcanzado niveles alarmantes ante el avance de la agropecuaria, la minería y los madereros ilegales.
El Banco do Brasil aseguró que "cumple las exigencias previstas en la legislación ambiental y niega la acusación de financiar la deforestación en la Amazonía o iniciativas que utilicen trabajo análogo al esclavo", en una nota enviada a la AFP. El banco, que es el principal financiador del agro del país, dijo que "analizará caso a caso" las denuncias.
El Banco da Amazonia declinó manifestarse por no haber recibido notificación oficial del proceso, aunque afirmó que trabaja "por el desarrollo sostenible de la región amazónica", en nota enviada a la AFP.
La procuradoría también acusa al gubernamental Instituto de Reforma Agraria por su "ineficiencia" en el control y censo de inmuebles rurales amazónicos.
Fuente: AFP
