Más de 600 sustancias tóxicas circulan fuera de control en España
Al menos 625 sustancias químicas altamente tóxicas para la salud y el medio ambiente pueden estar circulando en España sin que se haya adoptado ninguna medida para su control, ha denunciado hoy Comisiones Obreras en un comunicado.
Estas sustancias, a las que se conoce como CMR, pueden ser cancerosas, mutágenas o tóxicas para la reproducción y acceden al cuerpo por inhalación, ingestión o penetración a través de la mucosa y la piel.
Se encuentran en múltiples objetos de la vida cotidiana: como la bencidina, un potente canceroso que se usa como agente textil y componente de aparatos electrónicos, o el dinitrotolueno, un elemento muy empleado para hacer tintes, explosivos y materiales de goma y plástico.
Izquierda: Protesta de Greenpeace en Madrid para pedir a las marcas de ropa deportiva Nike y Adidas que eliminen los tóxicos de su cadena de suministro. ©GREENPEACE
La norma europea REACH sobre Registro, Evaluación, Restricción y Autorización de sustancias y mezclas químicas establece que estas sustancias deberían haberse registrado antes de noviembre de 2010, siempre que el volumen de producción sea igual o superior a una tonelada al año.
Sin embargo, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, en sus siglas en inglés) indica que hay al menos 625 sustancias CMR que no han sido registradas, con lo que se pueden estar utilizando, importando o fabricando ilegalmente en España.
Cada estado es responsable de que las empresas cumplan con la normativa europea de control de sustancias químicas.
Comisiones Obreras, preocupada por los efectos que estas sustancias pueden tener para el medio ambiente y los trabajadores, ha enviado una carta al Ministerio de Sanidad en la que alerta de la situación, solicita que informe sobre las sustancias no registradas y pide al Gobierno que tome medidas al respecto.
De confirmarse esta falta grave, las empresas españolas que fabriquen, comercialicen o importen CMR sin registro previo podrían ser sancionadas con multas que oscilan entre los 85.001 y los 1.200.000 euros, explica el sindicato en la nota de prensa.
Adicionalmente, las autoridades españolas pueden decretar el cierre temporal o total de las instalaciones que las comercialicen/produzcan durante cinco años.
Fuente: EFE
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